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Deterioros institucionales y riesgos de Hidroituango
Sin lugar a duda, el accidente y posterior contingencia de Hidroituango (HI) han afectado la legitimidad de nuestras instituciones. La Contraloría General de la República quedó marcada como perseguidora de legítimas aspiraciones de un candidato presidencial no afecto al partido del Gobierno Nacional, EPM se ha desacreditado en su primera incursión como contratista y el Departamento de Antioquia – IDEA, dueño mayoritario de HI, falló en la supervisión de sus intereses, la dirigencia empresarial antioqueña, los ex-directivos de HI y los subcontratistas de EPM han visto afectadas su reputabilidad. Todo esto deja una grave polarización que sin duda afecta nuestra institucionalidad, en especial la integración para el manejo corporativo entre un ente público (EPM) y el sector privado, un modelo exitoso que ha sido tomado como ejemplo por los organismos multilaterales para tratar de replicarlo en otros países del Tercer Mundo. El escenario perfecto para que entrara el Grupo Gilinski a la toma de control de las empresas insignia del Grupo Empresarial Antioqueño.
A esto se suma, como lo acaba de anunciar el alcalde de Medellín, no satisfecho con el pago de 4,3 billones que le acaban de girar las aseguradoras a EPM, en insistir en la demanda a los subcontratistas por detrimento patrimonial por unos 5,6 billones de pesos, así como en traer nuevos subcontratistas para que se encarguen de la segunda etapa de la mega obra, situaciones que en nada favorecen los inciertos momentos que sobrevienen para HI.
La pronta entrada en operación de las ocho unidades de generación, que en total conforman la futura central hidroeléctrica, es la única forma de suprimir la inconveniente presión hidráulica y erosión que se ha estado generando sobre el vertedero, obligado durante ya hace cerca de cuatro años a transportar de manera permanente todo el caudal del río Cauca, operación para la cual no fue diseñada ni construida la estructura y donde, según el informe Pöyry, ya se presentan afectaciones que pueden poner en riesgo la estabilidad de la presa.
Acaba de conocerse un documento del exministro de Minas y Energía Amylcar Acosta (“La encrucijada de Hidroituango”), donde advierte sobre lo que significa para la continuidad de HI el hecho de que mientras esté vigente la Resolución 820 del 1º de junio del año de 2018, emanada de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), mediante la cual se dispuso “la suspensión inmediata de todas las actividades regulares relacionadas con la etapa de construcción, llenado y operación del embalse, que hacen parte de las actividades que se llevan a cabo dentro de la ejecución del proyecto”. Esto conlleva, según el exministro Acosta, a que es prácticamente imposible que entren en operación durante el presente año, como está programado, las primeras dos unidades de generación, ya que todo depende de la evaluación del informe Pöyry, dictamen pericial exigido por la Anla a EPM como parte de la citada resolución del 2018, y que apenas fue radicado por EPM ante la autoridad ambiental el pasado 29 de diciembre. Como es de esperar la Anla se tomará su tiempo para evaluar el estudio que se ha sometido a su consideración, “a fin de emitir un pronunciamiento de fondo en relación con la medida preventiva impuesta”.
Con todo el respeto que me merece el exministro Acosta se nos pasó de pesimista, ya que considero que si la Anla acepta la recomendación principal de Pöyry, cuando afirma que la única posibilidad de mitigar el riesgo de falla del vertedero y consecuentemente de la presa de HI, es la puesta en marcha con el mismo consorcio constructor actual, en el menor tiempo posible, la operación plena de la central hidroeléctrica, vale decir de sus ocho turbinas, lo que permitirá evacuar por los túneles de conducción y descarga hasta 1.350 metros cúbicos por segundo (el caudal medio del río Cauca en el sitio de presa es de 1.010 m3/seg).
Pero esto no es suficiente, tal como lo señalé en mi pasada columna, se requiere que a la mayor brevedad se disponga de un sistema de desembalse controlado del represamiento, no sólo para reparar el vertedero y sellar las grietas que están generando filtraciones a través del lleno prioritario de la presa; además urge proceder con la estabilización de los deslizamientos presentes en ambas laderas aledañas a la presa y con el refuerzo de los túneles de conducción 5 a 8 (https://juanpaz.net/el-informe-poyry-sobre-hidroituango/)
Por otro aspecto, el cambio del actual consorcio subcontratista constructor de HI, como pretende el alcalde de Medellín una vez puestas en operación las dos primeras unidades de generación, significaría un retraso adicional mínimo de un año en la terminación del proyecto.
Estamos pues ante una situación que no sólo ha deteriorado la institucionalidad de nuestra región antioqueña, así como la reputabilidad de la ingeniería nacional, de las entidades de control y de parte de la dirigencia regional. Como concluye Amílcar Acosta “La salida a la actual encrucijada de Hidroituango es eminentemente técnica, los expertos y especialistas son quienes tienen la última palabra, sin dejar de lado la gestión del riesgo, que también requiere de la experticia de los especialistas y avezados conocedores, integrados todos en un equipo interdisciplinario de primer nivel. ¡Aquí no debe haber pábulo para la improvisación!”
Dejemos que la ingeniería resuelva los problemas que quedan pendientes para tratar de salvar a Hidroituango. La técnica es propia de los ingenieros y la política dejémosela a los políticos y por favor, al menos por ahora, fuera de Hidroituango.